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Noticia Panal

PROPONE GPPAN EDOMEX CASTIGAR CON CÁRCEL LA CREMACIÓN Y DESTRUCCIÓN INDEBIDA DE RESTOS HUMANOS

Hablar de desaparición en México es hablar de una herida que no cierra. Detrás de la cifra de 133 mil 563 personas desaparecidas en nuestro país, hay nombres, sueños truncados y una búsqueda incansable que no conoce de descanso. En el Estado de México, esta realidad nos golpea con especial crueldad, sumando 14 mil 665 personas desaparecidas. "Son nuestras niñas, nuestras adolescentes, de entre los 15 y 19 años de edad, las más vulnerables", reconoció la diputada del Partido Acción Nacional, Joanna Felipe Torres.



Precisó que en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca y Naucalpan se concentra más de la mitad de las desapariciones en el estado de México. Por ello dijo, este tema debe ser combatido de frente y con valentía.



Lamentó que existen crematorios que se están volviendo cómplices del crimen, ya que se han transformado en herramientas para borrar el rastro de las víctimas y ocultar evidencia a las autoridades y a las familias, dejando a estas últimas sin esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de un ser querido.



Al presentar la iniciativa para reformar la fracción V del artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como los artículos 224 y 225 del Código Penal del Estado de México, la legisladora insistió en que las cifras presentadas no deben ser minimizadas por las autoridades, sino aceptar la realidad del país para implementar soluciones verdaderas, porque la negativa constante, contrasta con las exigencias de las madres buscadores y de los casos que a diario se repiten.



La propuesta presentada por la diputada Joanna Felipe Torres y el coordinador parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos González, plantea sancionar de seis a doce años de prisión, a quien realice u ordene cremar, destruir, desintegrar, mutilar o sepultar un cadáver, partes o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes.



De igual forma, propone que los municipios presten el servicio de cremación y servicios funerarios, comprendiendo la inhumación, exhumación y reinhumación, además de los servicios funerarios que comprende el velatorio, traslado, ataúdes y liberación de cuerpo, esto con el objeto de tener un control minucioso de los cuerpos y asegurarse que ningún cadáver o resto humanos sea de una persona no identificada o que se trate de ocultar algún hecho ilícito.



Además de establecer como agravante especial, a aquellos que habiendo obtenido legalmente permisos y concesiones para operar crematorios, traicionen la confianza del Estado y de la sociedad para colaborar con la delincuencia.